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Aprocam va a la Justicia para frenar Parador de Uspallata
19 / 07 / 2016
Por Miguel Angel Flores
Los Andes
Para Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones) se agotó la vía administrativa y llegó la hora de recurrir a la Justicia contra la Municipalidad de Las Heras.
Es la carta que se juega la cámara que agrupa a empresarios del transporte de cargas para hacer caer definitivamente al polémico proyecto de construcción del Centro Integral de Servicios al Camionero en Uspallata, que Las Heras adjudicó en 2014 a la UTE Dorisol- EAG- Mercosur Logística, e involucra prestaciones obligatorias como parte de un negocio millonario.
Cabe recordar que el ex intendente Rubén Miranda había adjudicado el proyecto sobre un predio de casi 12 hectáreas a la salida de la villa cabecera, y junto al complejo aduanero de Afip, que Dorisol pretende incorporar dentro del complejo. Con una inversión comprometida de $ 23,7 millones y una concesión a 20 años, el cobro de servicios como pesaje y desinfección de cargas le reportarían ingresos por unos $ 9 millones mensuales a costa de cargos adicionales para los camiones.
Ahora, para intentar abortarlo ante la Justicia federal, Aprocam tiene que optar por una de dos acciones legales. Por un lado, una precautoria (recurso de amparo) para lograr que el juez interviniente suspenda por un lapso determinado cualquier avance o inicio de obra, o, en el mejor de los casos, una acción de inconstitucionalidad que le permitiría lograr la nulidad.
“Una precautoria permitirá que no siga adelante sobre la base de considerar que el contrato está viciado de ilegalidades, por no respetar la Ley orgánica de municipalidades, una norma provincial, sin contar el perjuicio económico para los transportistas ante mayores costos. Pero también podría declararse inconstitucional, en virtud de leyes nacionales como las que aseguran la libre circulación por el territorio, y hasta internacionales, que prohíben instalar aduanas internas”, explicó Roberto Ochippinti, apoderado de Aprocam.
Llegado el caso, otro de los argumentos esgrimidos por la cámara empresaria para reforzar su postura y lograr que la Justicia admita su planteo, es que “las firmas adjudicatarias no tienen respaldo patrimonial”. Aunque los empresarios del transporte asumen el riesgo de que el criterio judicial obligue a demostrar un eventual perjuicio económico, sólo posible con el complejo en marcha o con algún peritaje previo.
Mientras Dorisol se mantiene al margen a la espera de un encuentro con el intendente Orozco y su equipo, el expediente acumula 6 meses de parálisis. Y algunas cuestiones sin resolver si es que la UTE pretende llegar a buen puerto: la Declaración de Impacto Ambiental es una de las principales, condición sine-qua-non para el inicio de obra.
Sin respuestas
Más allá de que los transportistas hayan tomado lanzas para ir al frente, el silencio se impone en el municipio. Sobre todo frente a sendos pedidos de información tanto de Fiscalía de Estado como de la propia entidad.
Sólo se sabe que el expediente está en manos de los asesores del intendente Orozco, a la espera de avanzar en algunas definiciones. Así lo confirmaron desde el área legal de la comuna por donde pasó por única vez en diciembre.
El municipio aún no da respuestas a la Fiscalía, que la había emplazado a responder sobre dos cuestiones clave para dictaminar si el CISC afecta al patrimonio estatal, tratándose de terrenos fiscales que la Provincia cedió sin cargo a Las Heras.
Al respecto, la última intimación fue en febrero y el plazo ya venció. Según Nicolás García Bistué, del área de Asuntos Ambientales la Fiscalía, “en los próximos días se insistirá con un nuevo pedido bajo apercibimiento de sanciones en caso de que siga sin aportarse la información requerida para resolver. No se podría asegurar que haya sido irregular el proceso, pero sí una licitación polémica y con aspectos poco claros”.
El ente planteó dos enfoques: uno administativo, para determinar si cabe alguna impugnación sobre el proceso licitatorio y/o el contrato. Y el restante ambiental, referido a la obligatoriedad de hacer obras de defensa aluvional y quién se hará cargo de ellas, pero especialmente, qué fue del trámite de la DIA.
Por su parte, Ochipinti asegura que se aportaron “elementos de prueba para la denuncia”. Y que previo a ir a la Justicia habrá una última solicitud de “pronto despacho”. Casi una formalidad, por considerar que “la instancia administrativa”.
Negociación por el canon
Un 5% es lo que se comprometió a pagar la UTE al municipio en concepto de canon, tal como lo expresa la cláusula 5ta del acuerdo firmado en 2014 con la administración del ex intendente Miranda. Modificar esa cláusula es una de las premisas que puede abrir una renegociación en busca de mejorar los ingresos que le correspondan a la comuna.
En números, sobre ingresos proyectados por unos $ 9 millones, significa que tal como está a Las Heras le quedarían algo menos de $ 500 mil. Una cifra que no convence a la gestión del intendente Orozco, que, según trascendió, pretende duplicar ese ingreso como para justificar el avance del proyecto.
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