21 / 07 / 2017
Ricardo Lasca, coordinador del Conaduv, indicó que "para alcanzar objetivos estratégicos es prioritario que el Estado con coraje, voluntad y decisión política, en defensa del interés general, dé por finalizada las concesiones viales nacionales bajo un sistema de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación, implementado en la década de los 90, recuperando así en forma definitiva el control absoluto de los corredores".
Remarcó que "la recaudación del Impuesto a los Combustibles es más que suficiente para iniciar y sostener un sistema de mejoramiento de toda la red caminera del país". Por eso, se debe "comenzar a construir una red vial moderna y segura, que preste servicio al productor del interior, mejore las economías regionales y la competitividad en su conjunto, logre una real baja en el costo de transporte, que desarrolle la Argentina, que beneficie el turismo y logre una reducción efectiva en el índice de siniestros viales", destacaron.
Autopistas
En el escrito elevado a las autoridades nacionales, Lasca sostuvo que para lograr estos objetivos "es prioritario que el Congreso de la Nación implante por ley una verdadera Política de Estado, que transforme en autopistas nuestra red troncal de carreteras mediante los contratos de Participación Público Privada (PPP), Ley 27328". "Esto garantizará la circulación libre de peaje, ya que las obras de transformación de la red deberán ser financiadas por contratistas, quienes recuperarán su inversión en el largo plazo, por un flujo de repago proveniente, por ejemplo, del impuesto a los combustibles que venimos pagando desde hace décadas a cambio de nada".
A través de diversos estudios llevados a cabo por el Conaduv, se desnudaron las graves falencias que este régimen de peaje arrastra desde su puesta en marcha y que se fue agravando a través de renegociaciones que no contemplaron la participación de los usuarios, terminando por cambiar totalmente los objetivos y la esencia del sistema propuesto.
Se detectaron incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de las concesionarias, imprecisiones y vacíos regulatorios en el marco general de la concesión, transferencia indebida por tarifas ilegales, así como cierta dificultad de los organismos públicos para ejercer en forma eficaz las funciones de contralor.
Sostiene finalmente que "el usuario (de peajes) se encuentra pagando por corredores cuyo estado es poco satisfactorio y sin recibir una contraprestación", sostuvieron.